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El tribunal de la Unión Europea considera abusiva la ley hipotecaria y pide que los desahuciados puedan oponerse en igualdad a los bancos.

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El Tribunal de Luxemburgo a realizado la segunda condena en poco más de un año a la ley hipotecaria española. El tribunal de la Unión Europea considera que la ley es desigual y deja en inferioridad a los usuarios frente a los bancos; siendo un hecho que los afectados no pueden recurrir ante resoluciones desfavorables mientras que en el otro sentido las entidades sí que pueden hacerlo.

Esta es la segunda sentencia desfavorable que la justicia europea hace sobre la ley hipotecaria. Ya en marzo de 2013 los jueces de los jueces de Luxemburgo dictaminaron que los jueces de España tenía la posibilidad de suspender de manera cautelar las ejecuciones hipotecarias, impidiendo el desahucio, hasta que se resolviese el procedimiento en caso de existir cláusulas abusivas.

Tras esta sentencia el Gobierno reformo la ley para adaptarse a los requerimientos de Europa aunque resultó insuficiente de cara al tribunal europeo. En el caso de la actual condena los jueces europeos consideran que el deudor queda en una situación desfavorable frente a su entidad bancaria en el régimen de recursos a las resoluciones judiciales. Por un lado si el deudor alega que su hipoteca incluye cláusulas abusivas no puede recurrir en caso de resolución contraria mientras que por otra parte el banco sí que puede interponer recurso cuando le quiten la razón.

El Tribunal de Luxemburgo pide a España una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (del año 2000) para que los afectados en procesos de ejecución hipotecaria puedan oponerse a una resolución judicial desfavorable, en cumplimiento de la directiva de protección de los consumidores que aprobó la UE hace 20 años, en 1993.

El juez mercantil de Barcelona que originó la anterior sentencia, José María Fernández Seijó, opinina lo siguiente sobre la nueva: “Lo que destacan los jueces de Luxemburgo es que si se le da la razón al consumidor, cabe recurso por parte del banco, pero si se le da la razón a la entidad, el deudor no puede interponer recurso. Y eso no se ajusta a la ley europea”, empieza. “Una vez más, lo que nos dice Europa es que nuestra ley es una chapuza. Lo que puede suponer esta sentencia es que, aunque la ley no lo permita, los jueces empecemos a aceptar recursos de los afectados en cumplimiento de la ley europea”.

La presente sentencia se ha sometido a un procedimiento acelerado por su importancia y se ha dictado en tan solo dos meses y medio, teniendo su origen en una cuestión prejudicial planteada por José Manuel Marco, actual presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón en relación con las posibilidades que una persona afectada por un proceso de ejecución hipotecaria. La resolución del Tribunal Europeo concluye que los deudores tienen menos posibilidades que la entidad bancaria de oponerse a decisiones desfavorables.

La sección tercera de la Audiencia de Castellón resolvió el 2 de abril de 2014 elevar al tribunal europeo una cuestión derivada de la tramitación de un pleito que enfrentaba a una entidad bancaria y a unos particulares por una ejecución hipotecaria. Entendió el tribunal de Castellón que el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre oposición a la ejecución, en su punto 4, tiene una redacción incorrecta en tanto supone diferentes oportunidades para oponerse a una sentencia desfavorable entre el ejecutante (el banco) y ejecutado (el deudor), según informa Europa Press.

El artículo dice: “Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación”, y añade: “Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno, y sus efectos se circunscribirán al proceso de ejecución en que se dicten”. Sin embargo, la resolución del tribunal europeo entiende que no cumple el artículo de la directiva europea de protección de los consumidores sobre las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, y tampoco el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que para subsanar la cuestión es necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Los bancos en sus nuevas hipotecas se han visto obligados a modificar antiguas cláusulas que imponían a los afectados y que se han ido declarando abusivas por parte de la justicia. Los últimos datos del informe del departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, con datos del primer trimestre de 2014, apuntan a que la cifra de lanzamientos (desalojos por mandato judicial de viviendas y locales, tanto en propiedad como en alquiler) practicados durante los primeros tres meses del año, fue de 18.492, un 5% menos que en el mismo periodo de 2013, pero un 7% más que en el último trimestre del año pasado.

Artículo visto en El País

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