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Andalucía ejecuta la primera expropiación de una vivienda a un banco para evitar un desahucio.

Maria del Carmen Andujar, una vecina de Huelva con cuatro hijos y poco más de 700 euros de ingresos, se ha convertido en la primera persona a la que la Junta de Andalucía aplica el decreto de función social de la vivienda, en vigor desde abril y que permite expropiar al banco propietario del inmueble el uso de éste para evitar que la familia quede al borde de la exclusión social al ser desahuciada.

La Consejería de Fomento publicó ayer en el BOJA el anuncio del inicio de los trámites, el primer paso de un largo proceso en el que la empresa propietaria, un fondo de activos hipotecarios, tendrá tiempo de presentar alegaciones antes de que «dentro de unos meses» la expropiación de uso se haga efectiva mediante la aprobación en el Consejo de Gobierno andaluz. Sin embargo, Maria del Carmen no podía ocultar este jueves su alegría y sorpresa por un proceso «rápido», agilizado porque su orden de desahucio estaba prevista para el pasado 14 de mayo.

«Lo principal es que voy a poder continuar en mi casa otros tres años», explicaba emocionada a decenas de periodistas y miembros de la plataforma Stop desahucios. Su caso no difiere de otros muchos. Con dos hijos menores en casa, trabaja de limpiadora con un sueldo que llega a los 400 euros, y su marido, cocinero de profesión, está en paro después de haber dejado un trabajo estable por ayudar en el negocio de hostelería de la familia, que acabó cerrando por culpa de la crisis. Su sueldo lo completan con la ayuda familiar de 400 euros.

Hace tres años empezaron a tener dificultades para pagar la hipoteca de 78.000 euros que habían pedido en 2004 para comprarse su casa, una vivienda humilde de 86 metros cuadrados, en la barriada La Hispanidad de Huelva capital. La financiera Credifimo no quiso negociar, y exigió el pago completo de los atrasos de 500 euros mensuales. Al año y medio de no pagar, la empresa realizó la subasta de la vivienda, que quedó desierta, por lo que vendió la propiedad al fondo de titulización de activos AyT Hipotecario Mixto, una sociedad que adquiere deudas hipotecarias para revenderlas en los mercados secundarios. «El juzgado fue dando largas a la orden de lanzamiento, y hemos tenido mucha suerte porque el decreto entró en vigor en abril y nuestro desahucio estaba previsto para el 14 de mayo», detalló.

Al mismo tiempo que dejó de pagar la hipoteca, empezaron las noches de insomnio y angustia. Primero, hasta que contactaron con la plataforma PAH y se informaron de sus opciones, y más tarde, mientras la Junta comprobaba que reunían todos los requisitos para acogerse al decreto. «Estoy contenta, satisfecha, y sobre todo, muy ilusionada», explica con una gran sonrisa. Si se concreta el proceso, la Junta pagará a la dueña del inmueble el dos por ciento del justiprecio, y Maria del Carmen abonará a la administración regional un alquiler social de no más del 25 por ciento de sus ingresos durante los próximos tres años. «Hay que decirle a todo el mundo que se encuentra en esta situación que luche, que no se venga abajo y que sepa que sí se puede conseguir», animaba.

Artículo de Finanzas.com

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