El banco no podrá reclamar hasta que haya tres impagos en la hipoteca.
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Finalizado el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios en el Congreso de los Diputados, se mantienen en pie las principales propuestas del Gobierno, que abarcan cuestiones como la duración y el importe de las hipotecas sobre vivienda habitual, así como el papel de las sociedades de tasación.
Una de las novedades que el grupo Popular pretende incorporar en el trámite parlamentario es la prohibición a los bancos de reclamar el total de la deuda hipotecaria hasta que se produzcan tres impagos. Actualmente, otorgan un plazo de un mes.
El Ejecutivo logró el apoyo de los grupos parlamentarios del PNV y CiU para sacar adelante este conjunto de medidas, que afectarán a la Ley Hipotecaria, la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entre las más importantes se encuentra la limitación a 30 años de la duración de los créditos hipotecarios, que, a su vez, no podrán exceder el 60% del valor de tasación del bien hipotecado.
Independencia de las tasadoras
En el caso de los intereses de demora, el Gobierno se dispone a limitarlo a tres veces el tipo de interés legal (actualmente en el 4%). Esta disposición, en todo caso, sólo afectará a las hipotecas nuevas y las actuales que entren en mora. Para las situaciones más extremas, la dación en pago, se rebajará del 20% al 10% el interés de demora por impago del contrato de arrendamiento. En este sentido, los jueces podrán condonar el pago de la deuda si el deudor abona el 65 % del total pendiente en el quinto año desde la adjudicación de la vivienda en la subasta o el 80 % en el décimo año.
Otro de los pilares de esta reforma normativa es el refuerzo de la independencia de las sociedades de tasación, para lo cual se exigirá la reducción del 25% al 10%, el porcentaje de participación de la banca en estas sociedades. Asimismo, se les pedirá una auditoría de cuentas, ajustada al ejercicio económico al año natural y se otorgará al Consejo de Consumidores y Usuarios la posibilidad de solicitar al Banco de España la incoación de un procedimiento sancionador cuando perciban irregularidades en los servicios prestados.
Visto en ABC
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