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Cuestiones legales atascadas del sector inmobiliario: rehabilitación, alquiler, mercado hipotecario y eficiencia energética.


Rehabilitación, alquiler, mercado hipotecario y eficiencia energética, los pilares sobre los que se asienta la política activa del Gobierno y la revitalización del mercado inmobiliario en la era posburbuja, no acaban de arrancar. Ninguna de las cinco leyes y decretos ley que regularán estas materias en el futuro próximo, algunas anunciadas hace ya un año, ha entrado todavía en vigor.

Las razones son variadas, desde la falta de financiación, a la aparente búsqueda de un consenso más amplio que la mera imposición de la mayoría absoluta de la que goza el partido en el Gobierno. O porque la agenda social y política antepone otras necesidades, como la reforma hipotecaria, que se tramitará de urgencia, una vez presentada la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la dación en pago y el fin de los desahucios, y podría aprobarse a primeros de marzo, a pesar de que fue la última en presentarse. Pero también se debe a la acumulación prematura de anuncios de nuevas leyes a lo largo de 2012 y al clima político.

Del Ministerio de Fomento dependen la puesta en marcha del Plan de Vivienda y Rehabilitación, la futura Ley de Rehabilitación y la norma destinada al fomento del alquiler de viviendas. Presionado por Bruselas, Industria tenía que haber dado salida hace meses a la legislación sobre certificación energética de las viviendas de segunda mano, que aún no ha llegado al Consejo de Ministros. Y a Economía le falta concretar qué medidas incluirá en la ley que en breve debería regular los desahucios, las subastas hipotecarias, la morosidad de los compradores y las condiciones crediticias. Está todo por definir.

Para Gonzalo Bernardos, economista y director del Máster de Estudios Inmobiliarios de la Universidad de Barcelona (UB), la razón principal de que el Gobierno haya aparcado la aprobación de tantas leyes anunciadas o alargado sus trámites parlamentarios es que, en general, "precisan de una dotación presupuestaria y para cualquiera que se adopte hay que ponerse de acuerdo con los bancos, que son insaciables". De ello dependen, sobre todo, líneas de crédito asociadas al sector de la rehabilitación de viviendas. Otra de las razones de peso es que "el ímpetu inicial del Gobierno generó un rechazo bastante amplio entre los colectivos profesionales y el resto de fuerzas políticas que le ha obligado a revisar parte de lo anunciado, pues la ministra de Fomento es más tendente al pacto que otros miembros del Gobierno", estima Bernardos.

Visto en El Mundo.

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