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El Gobierno limitará por ley el plazo máximo de las hipotecas a 30 años y prevé facilitar la dación en pago.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado esta tarde en el Congreso de los Diputados las enmiendas que el Gobierno y el PP quieren poner sobre la mesa de negociación con el resto de partidos, para abordar la reforma hipotecaria.


Son medidas concebidas como punto de partida para un gran acuerdo parlamentario, ya que frente al drama de los desahucios "existen múltiples puntos de encuentro entre los partidos", como apuntó De Guindos. Es decir, son enmiendas que se rebajarán en aras del acuerdo, que se firmará "a mediados de febrero".

Entre las principales novedades destaca que el Ejecutivo ampliará el Código de Buenas Prácticas hipotecarias de la banca para que puedan beneficiarse más personas de sus ventajas (reestructuración de la deuda y dación en pago, fundamentalmente). De esta forma, se "elevará", según De Guindos, el umbral de ingresos para poder beneficiarse del código, actualmente en 16.000 euros anuales. Ese umbral también se modificará "para ser más inclusivo y modificarse en función de las cargas y las situaciones familiares", señaló el ministro.

“El Gobierno quiere ampliar y mejorar este Código”, subrayó.Además, si el banco rechaza la reestructuración de la deuda que propone el deudor, tendrá que justificarlo por escrito. Asimismo, el interés de demora de los alquileres para quienes opten por la dación en pago se reducirtá a la mitad, del 20% al 10%.

Estas medidas buscan hacer más atractivo el Código de Buenas Prácticas, ya que sus resultados hasta ahora son escasos. De Guindos hizo balance de los primeros meses del código: de marzo a diciembre se registraron 1.500 solicitudes, de las que se resolvieron 800. En 317 casos se reestructuró la deuda, y en sólo 78 se aprobó la dación en pago. Con las medidas que propone el Ejecutivo ahora, la dación en pago sería más fácil.

La otra gran novedad es que el juez podrá condonar la deuda que le reste al impagador si compró la vivienda de buena fe, con el siguiente baremo: se perdonará todo lo que exceda del 75% a partir del 5 año de vida de la hipoiteca, y del 80% si la hipoteca impagada tiene más de 10 años. Si el banco obtiene una plusvalía al vender la vivienda, se reduciría la deuda.

También se reducirán los intereses de demora de las hipotecas. El Ejecutivo proponía rebajarlos al 6% (el interés legal, del 4% este año, más dos puntos), pero ahora De Guindos ha asegurado que su propuesta es limitarlos a "tres veces el interés legal del dinero". Es decir, al 12%, frente a la media del 20% actual. Esta modificación al alza sobre los documentos que preparaba el Ministerio de Economía se produce tras una reunión del Tesoro con representantes de las entidades financieras, y a la espera de la negociación con el PSOE, que se planta hoy por hoy en el 6%.

Por otro lado, De Guindos anunció que en sus enmiendas pedirá limitar a 30 años el plazo de amortización de los "préstamos para vivienda habitual que puedan ser objeto de cédulas hipotecarias", para evitar el sobreendeudamiento y que la vida de las hipotecas no supere con tanta facilidad la edad de jubilación de los deudores, como avanzó este diario el pasado viernes.

Hay más novedades. Se reformará la Ley de Enjuiciamiento Civil para que el proceso de desahucio no se pueda comenzar hasta el tercer impago del deudor, en lugar del primero, como sucede ahora.

Asimismo, se cambiará de forma radical el marco de actuación de las tasadoras, así como su relación con las entidades de crédito. En primer lugar, se aumentará el valor de tasación mínimo al que se adjudican los bancos los inmuebles en las subastas. Del 60% del valor tasado se pasará al 70%. Además, la tasación que presente el deudor prevalecerá sobre la que haga el banco, y se limitará a un mínimo del 75% del importe al que se valoró el inmueble cuando se vendió. Es decir, se evitará que se subaste el piso a precios irrisorios en comparación con el coste al que se referenció la hipoteca. El Gobierno también propone reducir el aval necesario para acudir a la subasta, del 20% al 5% del valor del inmueble, según De Guindos. Y se limitará del 25% al 10% la participación máxima de las entidades financieras en las compañías valoradas.

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