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120.000 familias podrán acogerse a la moratoria de 2 años en el pago de la hipoteca.


El Congreso ha convalidado con el voto del PP, UPyD y UPN el decreto que permite la suspensión de desahucios durante dos años, una norma a la que podrán acogerse un máximo de 120.000 familias y que ha sido criticada por toda la oposición por fijar unos criterios muy restrictivos para beneficiarse de ella.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido en el debate parlamentario que ese colectivo potencial es una cifra "nada despreciable", así como la decisión del Ejecutivo de adoptar medidas urgentes para familias "vulnerables" mientras se negocian cambios legales de mayor alcance con el resto de partidos políticos.

No obstante, avanzó que el número final de hogares que se acogerán a la moratoria estará por debajo de 120.000, ya que en España las cifras de desahucios están lejos de esta cota.

Para beneficiarse de la suspensión de un desahucio hay que tener una hipoteca sobre una única vivienda, cumplir cuatro requisitos económicos y pertenecer a alguno de los colectivos sociales identificados como más vulnerables (por ejemplo, ser familia numerosa, tener personas a cargo con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia).

Además, el titular de Economía ha anunciado que el nuevo Fondo Social de Vivienda (FSV) ya tiene en cartera 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras y dio nuevos datos sobre la evolución del código de buenas prácticas de la banca.

Hasta septiembre se han presentado 722 solicitudes, de las que 604 han sido resueltas. Entre estas últimas, 127 concluyeron con una reestructuración de la deuda y 34 con la dación en pago y extinción de la deuda.

En palabras de Guindos, estos datos suponen un "notable incremento" sobre los de finales de junio, cuando sólo se habían registrado ocho casos de dación en pago y 44 reestructuraciones de deuda.

Guindos no desveló qué entidades han contribuido al FSV, pero se mostró convencido de que la mayoría lo suscribirán. El Fondo es de adhesión voluntaria, pero una vez firmado hay que cumplir las obligaciones que de él se deriven.

El decreto de paralización de desahucios ha recibido el voto favorable del PP, UPN y UPyD y, con excepción del Grupo Popular, ha suscitado las críticas de todos los grupos parlamentarios, que han coincidido en que es restrictivo y excluye a muchos colectivos necesitados.

No obstante, su tramitación como proyecto de ley, en la que pueden incorporarse medidas de los distintos partidos políticos, ha tenido un amplio respaldo, con 332 votos a favor y uno en contra.

La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha dicho que el afán de restringir el número de beneficiaros ha dejado la norma "sin contenido" y ha asegurado que el problema de los desahucios no es "de marginalidad, sino de la clase media trabajadora de este país".

Desde Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha criticado la "insensibilidad social e inutilidad política" del decreto y ha afirmado que los criterios para beneficiarse de la suspensión de un desahucio los ha redactado la patronal del sector bancario.

El diputado de UPyD Carlos Martínez también lo considera "insuficiente", pero en la decisión de voto de la formación ha pesado más su convencimiento de que es necesario apoyar cualquier medida para solucionar el problema hipotecario.

Pedro Azpiazu (PNV) ha criticado las prácticas de las entidades de crédito a la hora de conceder préstamos, mientras que Lourdes Ciuró, de CiU, ha pedido que la futura tramitación del proyecto de ley introduzca la figura de un mediador que haga "trajes a medida" de cada situación de deudores.

Al igual que ayer hizo el presidente, Mariano Rajoy, Guindos ha dado alguna de las claves de esa futura negociación y ha señalado que los eventuales cambios legales no deben alterar el funcionamiento del sistema hipotecario.

El titular de Economía mostró disposición a abordar la regulación de la actividad de las tasadoras, los intereses de demora o la regulación de hipotecas complejas, como las denominadas en monedas distintas del euro, pero alertó sobre el riesgo de hacer cambios legislativos que cierren el crédito para la vivienda a las familias.

"Hay que pensar en las consecuencias, porque en economía el camino al infierno está lleno de buenas intenciones", dijo.

Por otro lado, el ministro apostó por mejorar las estadísticas existentes sobre desahucios para contar con más información para delimitar el problema y actuar mejor.

A modo de ejemplo, De Guindos recordó que dentro de la categoría de lanzamientos, de los datos del poder judicial también se incluyen locales y otros inmuebles que no son estrictamente viviendas y señaló que, según los datos del Banco de España, a lo largo de 2012 se producirán en España unas 16.000 ejecuciones hipotecarias, de las que el 83 % son de viviendas vacías. 

EFE

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Ya son 29 meses de caídas consecutivas en la firma de hipotecas.


La firma de hipotecas para la compra de viviendas lleva más de dos años de caídas consecutivas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados este lunes, septiembre no ha sido distinto.

Como fiel reflejo de la crisis inmobiliaria, la firma de hipotecas se redujo en septiembre un 32,2% frente al mismo mes de 2011 y alcanzó 21.195 operaciones. Son 29 meses consecutivos de descensos, pero además el ritmo de caída se agudiza, ya que en agosto el descenso fue del 28,5%.

Además, la cifra total de hipotecas sobre viviendas es la segunda más baja en cualquier mes dentro de la serie histórica comparable, iniciada en 2003. El 'suelo' de viviendas hipotecadas se registró el pasado mes de agosto, cuando se constituyeron 21.106 hipotecas, 89 menos que en septiembre.

No obstante, según los datos del INE, en septiembre la firma de hipotecas se recuperó ligeramente frente al mes anterior y creció un 0,4%. En lo que va de año, las hipotecas constituidas sobre viviendas se han reducido un 34,4% en relación al mismo periodo de 2011, con una disminución del 40% en el capital prestado y del 8,6% en el valor promedio de las hipotecas.

El importe medio de una hipoteca para la compra de vivienda era en septiembre de 102.407 euros, el 7,1% menos que un año antes y el 1,1% menos que en agosto de este año. 

El capital de los créditos hipotecarios concedidos bajó un 35,3%, hasta los 3.930,4 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ascendió a 109.503 euros, un 8% menos que en septiembre de 2011.

Los bancos fueron las entidades que concedieron un mayor número de créditos hipotecarios en septiembre, al aglutinar el 77,2% del total, seguidas de otras entidades financieras (13,7%) y de las cajas de ahorro (9,1%). En cuanto al capital prestado, los bancos concedieron el 76,5% del total, las cajas el 9,5% y otras entidades, el 14%.

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El 47% de los británicos que buscan casa en España optan por Madrid, Barcelona o Valencia.


El 47% de las demandas y solicitudes de información por parte de británicos que buscan un inmueble en España se refieren a viviendas en Madrid, Barcelona y Valencia.

De ese 47%, un 15% de los interesados pregunta por inmuebles directamente procedentes de propietarios particulares que buscan un comprador rápidamente, según la agencia, que precisa que tras el verano, el 28% busca producto costero de cara a la temporada que viene y un 10% se centra en la búsqueda de casas en zonas rurales pero cercanas al litoral.

Del 15% restante, un 2% son contactos directos preguntando por viviendas de lujo, mientras que el restante 13% responde a consultas relacionadas con problemas de hipoteca y aspectos del mercado muy directamente relacionados con la economía española, como el anuncio del 'banco malo'.

Europa Press

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Comprar una vivienda por valor de 200.000 euros antes de que acabe el año puede suponer un ahorro de hasta 66.000 euros.

Falta poco más de un mes para que el día 1 de enero de 2013 se ponga fin a la deducción del IRPF por la compra de primera vivienda y para que entre en vigor la subida del IVA que grava los inmuebles nuevos.


A día de hoy quienes estén pagando una vivienda pueden desgravar el 15% de la inversión que haga hasta un límite anual de 9.040 euros. Es decir, en la Declaración de la Renta el contribuyente puede deducirse 1.356 euros y en el caso de que la propiedad haya sido adquirida en pareja el beneficio sería doble siendo el tope 18.080 euros y por tanto 2.712 euros anuales.

Tomando como punto de partida estas cantidades en una hipoteca a 20 años el comprador deduciría 27.120 euros (54.240 euros si optasen en pareja la aplicación de la desgravación). El ahorro resulta tan significativo que una persona que dude en si comprar ahora o en, por ejemplo, seis meses probablemente sea una buena decisión no esperar ya que la vivienda no bajará tanto en poco tiempo.

Por otro lado, la vivienda nueva actualmente está gravada con un IVA superreducido del 4% pero el primer ddía de 2013 pasará a ser del 10%. Como ejemplo ilustrativo del ahorro que supondría adquirir la vivienda ahora y tomando como referencia un piso nuevo que costase 200.000 euros de IVA se pagaría 8.000 euros mientras que a partir de enero serán 20.000. Por tanto estamos hablando de un ahorro de 12.000 euros. El IVA es solo aplicable a viviendas nuevas porque las de segunda mano están sujetas al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Resumiendo, una pareja con derecho a beneficios fiscales que adquiera una vivienda nueva para uso habitual de 200.000 euros y la paguen con una hipoteca a 20 años pueden ahorra casi 66.000 euros (12.000 del IVA y 54.240 de la desgravación fiscal).

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RN Tu solución hipotecaria

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El Euribor se mantiene al 0,582% por tercer día consecutivo.


El Euribor, índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, sigue por tercer día consecutivo establecido en el 0,582% en tasa diaria, después de que el pasado lunes llegase a esta cota tras perder una décima respecto al cierre del pasado viernes.

Así, el indicador hipotecario continúa registrando mínimos históricos y marca un valor medio en lo que va de mes del 0,592%, lo que supone un descenso de 1,452 puntos respecto a noviembre del pasado año.

De acabar el mes con esa tasa, las hipotecas medias de 120.000 euros a 20 años a las que les toque revisión sufrirían un descenso de la cuota mensual de 81,64 euros y una bajada de 979,6 euros en la anual.

Europa Press

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Rusos y chinos, una solución para el mercado inmobiliario español.


La distribución de los ciudadanos chinos y rusos residentes de forma legal en España muestra una clara preferencia de los primeros por las grandes ciudades y de los segundos por las costas mediterránea y andaluza.

Así, todo apunta a que éstos serán los destinos elegidos por los extranjeros de esas nacionalidades que opten por invertir en el mercado inmobiliario español, atraídos por la propuesta del Gobierno para dar salida al stock de vivienda.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, anunció ayer que el Ejecutivo estudia cambiar la Ley de Extranjería para otorgar el permiso de residencia a quienes adquieran una vivienda en España por importe superior a 160.000 euros.

García-Legaz explicó que esta iniciativa está especialmente enfocada al mercado ruso y chino, que el cambio normativo se pondrá en marcha en "algunas semanas" y que su objetivo es reactivar la demanda exterior y contribuir a reducir el stock de oferta de viviendas".

Hasta el momento, el padrón muestra que la población china y rusa que vive en España sólo supone el 4,1 % del total de extranjeros, porcentaje que podría incrementarse de aprobarse la propuesta del Gobierno.

Se trata de dos grupos de ciudadanos con muy poca presencia en España: 175.813 chinos y 57.275 rusos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2012, y con una distribución geográfica muy diferente, ya que mientras los ciudadanos rusos se concentran en las zonas costeras, los chinos lo hacen en las grandes ciudades.

También el perfil del inversor inmobiliario de ambas nacionalidades es muy diferente y, si bien el ciudadano ruso que actualmente reside en España podría adecuarse al perfil que busca el Gobierno, no ocurre lo mismo con los residentes chinos.

Los ciudadanos rusos, por ejemplo, adquirieron en 2011 un total de 1.645 viviendas en España, el 7,86 % de las compradas por extranjeros, y lo hicieron, fundamentalmente, con fines turísticos.

Se situaron en el cuarto puesto en cuanto a compra de inmuebles por extranjeros, sólo por debajo de Reino Unido, Francia y Alemania.

Además, más de la mitad de las viviendas adquiridas por rusos, el 56 %, eran nuevas y la superficie de la mayoría de ellas excedía los cien metros cuadrados.

Por el contrario, el perfil del comprador chino es el de un ciudadano que llega a España con fines laborales, ocupando el primer puesto entre los extranjeros que invierten en el mercado inmobiliario español por ese motivo.

Las viviendas que adquieren estos ciudadanos, según datos de 2011 del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, son en su mayoría (el 68 %) de segunda mano y con una superficie de entre 60 y 80 metros cuadrados.

Además, los ciudadanos chinos, junto con los rumanos y los argentinos, encabezan el listado de ciudadanos extranjeros con mayor peso relativo en la compra de viviendas de menor superficie (menos de 40 metros cuadrados)

La comunidad china supone el 3,1 % de los 5,7 millones de extranjeros empadronados en España, pero se trata del grupo de ciudadanos que mayor crecimiento ha experimentado en un año, con el 5,2 %, sólo superado por los pakistaníes, con un 13,5 %.

Las personas de nacionalidad rusa apenas representan el 1 % del total de extranjeros residentes en España con 57.275 ciudadanos empadronados y un crecimiento prácticamente nulo en un año.

En el caso de los rusos, se trata de ciudadanos afincados principalmente en localidades de la Costa Brava (Cataluña), donde hay 17.514 empadronados, en la costa levantina (Comunidad Valenciana) con 14.314, y en la Costa del Sol (Andalucía), con 11.445 inscritos.

El resto de los ciudadanos rusos se reparten por todo el territorio nacional, pero en cifras muy inferiores, como las de Madrid, con 4.111 rusos empadronados, Canarias (2.239), Baleares (1.417) o Murcia (1.379).

La distribución de los ciudadanos chinos residentes de forma legal en España no está tan concentrada en las costas españolas.

Las comunidades con más chinos empadronados son Cataluña, con 49.290, y Madrid, con 46.032, seguidas muy de lejos por la Comunidad Valenciana (19.344), Andalucía (17.789) y Canarias (8.406).

Los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, correspondientes a junio de este año, indican que no todos los chinos y rusos empadronados en España tienen certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor.

Así de los 175.813 chinos empadronados, casi la totalidad, 174.585, poseen certificado de registro o tarjeta de residencia, mientras que de los 57.275 rusos empadronados, sólo 40.386 poseen uno de los citados documentos. 

EFECOM

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La Asociación de la Banca Española considera que cambiar la Ley Hipotecaria encarecerá y limitará el acceso a la vivienda.

La Asociación Española de Banca (AEB) considera que sería "perjudicial" acometer "reformas de calado" en la Ley Hipotecaria como forma de luchar contra los desahucios. Este organismo avisa de que podría "romper la seguridad jurídica" para los acreedores y encarecería y limitaría el crédito para acceder a una vivienda.


En una carta remitida a los bancos, el presidente de la AEB, Miguel Martín, asegura que "sería muy perjudicial" hacer reformas "de calado" en la normativa que regula los desahucios, "inspiradas por necesidades coyunturales". En su opinión, se podría "romper la seguridad jurídica, tanto para acreedores como para inversores".

"En concreto" -dice la carta- "se podría alterar el mercado de cédulas hipotecarias, en el que los inversores extranjeros representan un porcentaje muy relevante e impactaría también en las titulizaciones hipotecarias". También "dificultaría significativamente el acceso a la vivienda, encareciendo el coste de financiación y limitando el crédito".

Aunque admite que "la crisis económica actual está generando dificultades para pagar su hipoteca a un número importante de hogares", Martín deja claro que "casi el 97% de las familias españolas con hipoteca está haciendo frente a sus obligaciones de pago", según datos del Banco de España (BE).


Por ello, para la AEB, "es conveniente situar el problema de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios en su justa medida y aclarar ciertos datos y aseveraciones que de forma recurrente se vienen mencionando". Para la AEB, "es muy grave poner en riesgo la buena cultura de pago que existe en nuestro mercado hipotecario", que juzga "básica para asegurar un sistema sólido y sostenible y cree que "no debería introducirse estímulos para dejar de pagar las hipotecas".

Sobre los desahucios, Martín destaca que en los últimos cuatro años se han realizado entre 4.000 y 15.000 en primeras viviendas, según cifras facilitadas por el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, que también coordina el grupo de trabajo sobre este asunto. Mucho peores son los datos que se desprenden de la estadística trimestral que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sitúa en 300.000 las ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2007 y en 57.410 los lanzamientos acordados en el primer semestre de 2012.

Sin embargo, Martín recuerda que en estas últimas cifras no se distingue entre desahucios de primera y segunda vivienda, ni en los aplicados en vivienda alquilada o propia, ni tampoco los que afectan a empresas o particulares.

Por último, Martín defiende los importantes "esfuerzos" que realizan los bancos de manera "silenciosa" para renegociar el pago de la hipoteca de sus clientes con dificultades financieras, con el objetivo de lograr que "la cuota mensual se ajuste a su capacidad de pago actual".

Según explica Martín "entre 2009 y septiembre de 2012 los bancos privados han reestructurado o refinanciado 400.000 hipotecas", ofreciendo a sus clientes con problemas de pago alternativas como la ampliación de los plazos de amortización o la reducción de capital e intereses".


Tras recordar iniciativas como la moratoria de dos años en los desahucios de familias más vulnerables acordadas por el Gobierno, Martín recomienda "analizar de forma equilibrada y con el mayor rigor técnico posible las diferentes propuestas" de cara a una "posible reforma de la legislación hipotecaria".

Por todo esto, la AEB cree que "la crítica indiscriminada al sector financiero, acusándole de prácticas abusivas e irregulares y de falta de sensibilidad social, sólo contribuye a generar una alarma social desmesurada". "Creo que los bancos españoles están realizando un esfuerzo importante para tratar de mitigar los efectos de un problema tan sensible como este. Insistir en hablar de prácticas abusivas e irregulares no refleja la realidad", añade.

EFE

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Habrá alquileres sociales para desahuciados, posibilidad de paralizar el pago dos años sin coste para el deudor y la dación en pago será el último recurso.


El Gobierno ha aprobado hoy dos medidas para proteger a deudores hipotecarios y para paliar la situación de los que ya han sido desalojados de sus viviendas. Por un lado ha aprobado un Real Decreto por el que se fijan las condiciones para poder evitar el desahucio, con una moratoria de dos años, estableciendo el tope de renta en 19.200 euros anuales y por otro, se compromete a crear de manera urgente un parque de viviendas en alquiler, con una renta baja, para realojar a gente que se haya quedado sin casa. Estas viviendas provendrán de las que tienen las entidades financieras.

Según la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, estas medidas de carácter "urgente" se adoptan en una primera fase para "paliar" los problemas de colectivos con especial vulnerabilidad. Después, en una segunda fase, el Gobierno abordará con los grupos parlamentarios el establecimiento de "nuevos umbrales" para la aplicación del Código de Buenas Prácticas que determinen la entrada en procesos de reestructuración de la deuda, de quita o, en su caso, de dación en pago.

Sáenz de Santamaría recordó que estas posibilidades ya existen en el Código de Buenas Prácticas que el Gobierno aprobó en marzo pasado, pero ahora, dijo, se trata de "revisar en qué circunstancias económicas y de valor de las viviendas se puede ampliar el Código de Buenas Prácticas". Este Código fijaba en un precio máximo de 200.000 euros las viviendas que se podían acoger al fondo.

Segunda fase en tramitación parlamentaria.

Además, anunció que "también se mejorarán aspectos importantes como las subastas, los asuntos relativos a los intereses de demora --ahora en el 20 por ciento en muchos casos--, mecanismos para dar mayor independencia a las sociedades de tasación frente a los bancos a la hora de tasar la vivienda, la posibilidad de establecer límites en las compras de vivienda habitual para evitar sobre endeudamiento o mecanismos para evitar cláusulas abusivas en las negociaciones hipotecarias".

Esta segunda fase se producirá en la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley, en la que se abordarán las medidas que planteen los grupos pero, precisó, "muy especialmente éstas que el Gobierno tiene interés en cerrar allí con carácter definitivo y estable y en negociación con los grupos".

El desahucio se podrá paralizar dos años sin coste para el deudor.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó los detalles del Real Decreto Ley con medidas urgentes para proteger a deudores hipotecarios, dejando claro que el objetivo es "evitar que nadie se tenga que ir de su casa", no sin antes precisar que la tasa de mora de hipotecas individuales en España está ligeramente por encima del 3 por ciento, ya que la mayoría de los deudores paga "puntualmente" sus hipotecas.

De Guindos señaló que para definir el alcance del Decreto Ley hay que tener en cuenta dos cuestiones: por un lado, los colectivos protegidos y por otro, las limitaciones financieras para que se aplique esta medida.

Así, señaló que se paralizará durante dos años el desahucio, permitiendo que el deudor permanezca en la vivienda sin coste alguno, para una serie de colectivos especialmente vulnerables. Se trata de: familias numerosas; la unidad monoparental con dos hijos a cargo; una familia con un menor de tres años; familias con uno de sus miembros discapacitado superior al 33 por ciento.

Tampoco se ejecutará el lanzamiento a personas afectadas por: dependencia o incapacidad permanente para trabajar; familias con deuda hipotecaria en paro y agotadas las prestaciones por desempleo; cuando convivan una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge con vínculo de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral; y unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género.

Además, tienen que concurrir las siguientes limitaciones económicas: que el conjunto de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, es decir, 1.597 euros mensuales. Cerca de 19.200 euros anuales.

También se incluirá a las personas o familias que hayan visto una "alteración significativa de circunstancias económicas", es decir, que el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en los últimos cuatro años --es decir, que si suponía un 40 por ciento, haya pasado a ser un 60 por ciento--; que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos; que se trate de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.

Parque de viviendas se creará con las que tienen los bancos.

A estas medidas se añade el mandato que el decreto ley da al Gobierno para crear un parque de viviendas de alquiler, a un precio social, para las personas que se hayan quedado sin vivienda tras una ejecución hipotecaria.

Según explicó el titular de Economía, el mandato que se da al Ejecutivo es para que empiece una negociación con las entidades financieras, de las que dijo que "tienen un número importante de activos adjudicados, incluidas las del FROB". "Ahí estableceremos este fondo para paliar las circunstancias de más urgente necesidad", apostilló al tiempo que recordaba que en este país hay 700.000 viviendas vacías según las estadísticas. No obstante, también precisó que las estadísticas hay que corregirlas.

Estas viviendas --añadió-- están en posesión de los bancos en este momento y se tendrán que poner a disposición de las personas que se han quedado sin vivienda, con un alquiler reducido.

Las medidas no afectan a la mora hipotecaria.

El ministro de Economía, al ser preguntado por la preocupación del sistema financiero de cómo le puede afectar esta medida, respondió que el Real Decreto "no afecta al procedimiento de ejecución hipotecaria". En este sentido, explicó que se está actuando sobre las familias que lo necesitan, e intenta proteger que se vayan a la calle familias que pertenecen a colectivos que, "en situación de buena fe, pero por razones sobrevenidas, se han visto inmersas en un proceso de desahucio".

Pero dejó claro que el principio general es que "las deudas y los intereses hay que devolverlos". Por lo tanto, dijo "no hay ninguna afectación profunda al procedimiento de ejecución hipotecaria" y añadió que el problema "está acotado" porque se atiende a "un colectivo muy específico, sin impacto adicional en una situación de mora hipotecaria que en España es muy baja y va a seguir siendo muy baja".

La dación en pago será el último recurso.

Al ser preguntado si se va a incluir, en la segunda fase, la dación en pago de la vivienda para saldar la hipoteca, De Guindos precisó que el Código de Buenas Prácticas ya la incluye, pero cree que se trata de una solución de "última instancia" y que es mejor primero aplicar una "reestructuración de la deuda" o una "quita".

Además, dijo que es posible hacer contratos de hipoteca con esta opción, pero advirtió de que son más caros. En su opinión, en los cambios legislativos se trata de "actuar con equilibrio, justicia, sensibilidad social e inteligencia" y advirtió de que si se protege en exceso al deudor, los bancos son más reacios a la concesión de préstamos.

Sobre la Ley Hipotecaria.

De Guindos no aclaró si el Gobierno va a modificar la Ley Hipotecaria, que es una de las demandas del PSOE en la negociación. "No voy a prejuzgar si hay que cambiarla o no, posteriormente habrá una tramitación de una Ley", dijo en referencia a que el Real Decreto se tramitará como proyecto de Ley.

Europa Press

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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca mira con desconfianza el acuerdo político para evitar desahucios.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid ha considerado esta lunes que el anuncio de la Asociación Española de Banca sobre los desahucios es un "parche" y se ha preguntado cuáles serán los requisitos que tendrán que cumplir las familias para acogerse a sus condiciones.

La Asociación Española de Banca (AEB) se ha comprometido este lunes a paralizar los desahucios durante los dos próximos años, "en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad", según ha informado en un comunicado.

La portavoz y psicóloga de la Plataforma, Tatiana Roeva, se ha referido a este anuncio y ha señalado que ahora se preguntan "qué requisitos pondrán y cuáles son las familias que consideran de extrema necesidad o muy vulnerables", porque para la plataforma "absolutamente todas las familias que se encuentran en esta situación son consideradas de extrema necesidad y vulnerables". "Porque perdiendo la casa pierden todo, pierden su identidad", ha añadido.


"Después del comunicado nuestra respuesta es que no estamos de acuerdo y no necesitamos mas parches. Ponen parches sobre heridas sangrantes y no eso vale, queremos soluciones", ha sostenido la portavoz, quien ha considerado que con esta actitud "simplemente prolongan el sufrimiento de las familias sin dar una solución".

Así, ha señalado que ocurre lo mismo que con el código de buenas prácticas que, a su juicio, "no sirvió para nada". "Nos siguen tomando el pelo. Por qué no se sientan a hablar con representantes de las plataformas o escuchan la voz del pueblo y por qué ahora quieren aprobar una ley orgánica justo antes de que entre en el Congreso una iniciativa legislativa popular, propuesta por la PAH, donde ponemos todas nuestras reivindicaciones", se ha preguntado.


"Dejar de rescatar bancos"

Según la portavoz, "lo que deben hacer es dejar de rescatar bancos y rescatar a las personas", que paralicen todos los desahucios en España hasta que dure la crisis económica y "que se permita la condonación de la deuda o la dación en pago retroactivo", entre otras cosas.

También abogan por que se cree un parque de vivienda pública con alquiler social, "puesto que en España hay mas de 6 millones de viviendas vacías"; y, por último, que "se termine con la impunidad de jueces, banqueros y todas esas personas que son los culpables de la crisis en España".

"No vamos a parar, a nosotros no nos sirven sus parches ni sus moratorias y no sabemos cuáles son las familias consideran ellos de extrema necesidad", ha indicado Roeva, quien ha añadido que lo consideran "una tomadura de pelo".

En este punto, ha recordado que "en el Congreso, hace 5 ó 6 días entró una enmienda donde se pedía la paralización de los desahucios, y que el PP "votó rotundamente que no" mientras que el PSOE "se abstuvo". "Y unos días más tarde dicen que van a paralizar los desahucios... Nosotros ya no creemos en estos cuentos chinos", ha dicho la portavoz, quien ha concluido diciendo que hay que "cambiar la Ley Hipotecaria urgentemente ya".

Facua también hace críticas

Facua-Consumidores en Acción ha considerado que "no hay suficiente claridad y detalle" en el anuncio realizado por la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) de que paralizarán los desahucios, ya que no se ha aclarado "cuáles son esas condiciones consideradas casos extremos".

Asimismo, la asociación ha pedido al Gobierno que abra el debate para poner en marcha medidas urgentes contra los desahucios "a toda la sociedad civil" y el resto de partidos políticos, y que no solo participen el PP y el PSOE.

El portavoz de Facua Rubén Sánchez aseguró "que no se puede dejar en manos de estos dos partidos" el diseño de esta nueva ley, ya que son las dos formaciones "que han permitido la creación de la burbuja inmobiliaria y la ejecución de desahucios".

EFE

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La banca se compromete a paralizar los desahucios durante dos años en "casos extremos".


La Asociación Española de Banca (AEB) ha anunciado hoy el compromiso de sus asociados de paralizar los desahucios durante los dos próximos años "en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad".

En un comunicado, la patronal bancaria ha explicado que este compromiso, que responde a "razones humanitarias", ha sido trasladado ya al Ministerio de Economía y al Banco de España.

En la AEB figuran adscritas como socias las entidades bancarias BBVA, Popular Banca Privada, Santander Consumer Finance, BNP Paribas, Société Générale, Deutsche Bank, entre otros. 

La AEB señala que ha mantenido diversos contactos con representantes del Gobierno y que el pasado jueves, 8 de noviembre, el presidente de la patronal, Miguel Martín, trasladó al secretario de Estado de Economía y Competitividad, Fernando Jiménez Latorre, este compromiso en nombre de los bancos de la asociación.

La patronal destaca que el contenido de esta medida, adoptada por "razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social", había sido objeto de un debate "intenso y profundo" de los bancos asociados "a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica".

Con carácter previo al encuentro con el secretario de Estado de Economía y Competitividad, el presidente de la AEB se había entrevistado con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, ha sido informado.

Además, la AEB se muestra a disposición del Gobierno, del principal partido de la oposición y del resto de formaciones políticas "para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario a fin de que el mismo pueda seguir satisfaciendo la necesidad primaria de vivienda de los ciudadanos".

EFE

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El denominado "banco malo" prevé la demolición de promociones a partir de 2016.


La sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), el llamado banco malo que debe comenzar su andadura con el mes de diciembre, demolerá parte de las promociones inmobiliarias que compre a las entidades financieras que han recibido ayudas. Así consta en el plan de negocio con el que el FROB está tratando de captar inversores para la sociedad y al que ha tenido acceso CincoDías.

Los derribos se iniciarían a partir de 2016, el cuarto año de los 15 de vida que se han planificado para la sociedad. Será entonces cuando Sareb comience a gestionar a fondo las promociones a medio desarrollar que herede de la banca. Hasta ese momento, según detalla el plan de negocio, los esfuerzos estarán focalizados en la vivienda terminada.

El documento, distribuido entre la gran banca española y algunos fondos de inversión internacionales, se fundamenta únicamente sobre los 43.964 millones de euros -a precio de traspaso- en activos procedentes de las entidades ya nacionalizadas (Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia), obviando los 15.000 millones adicionales que se espera que aporten el resto de entidades con problemas. Se trata, pues, de un universo de unas 89.000 viviendas y 13 millones de metros cuadrados de suelo.
La detallada hoja de ruta que contiene explica que durante los primeros seis a 18 meses, la comercialización estará centrada en los inmuebles terminados más líquidos, "sobre todo de segunda mano", situados en las provincias con mayor demanda.

Esperar para vender

"Sareb segmentará y priorizará" sus activos adjudicados para decidir "si se debe vender, invertir en él o mantenerlo en espera de mejores condiciones de mercado", expone el documento, que matiza que la sociedad no tiene fines "especulativos" y que "solo retendrá los activos líquidos con el fin de igualar el ritmo de absorción en un submercado y así evitar un impacto adverso en el mercado". Una de las preocupaciones fundamentales, esta última, de la llamada banca sana, llamada a invertir en la sociedad a la par que compite con ella al vender su propio stock inmobiliario.

Así, establece, los pisos acabados "se venderán -en carteras de activos o de forma individual, según corresponda- o se alquilará si esa es la estrategia más viable comercialmente". Una apuesta en firme la del alquiler que arrojará unos ingresos de 97 millones el primer año y acumulará un saldo de 1.412 millones de euros en los tres lustros de vida de Sareb.

A partir del año y medio de su puesta en marcha, el banco malo tratará de ir dando salida a la vivienda situada en zonas con "exceso de oferta" al mismo tiempo que promueve la venta de terrenos con planes de mercado en áreas donde haya poca oferta.

En cuanto a las promociones "inacabadas, o bien pueden ser vendidas tal cual o completadas si el planteamiento de negocio para hacerlo es suficientemente robusto", apunta la presentación, agregando que la sociedad podrá "invertir directamente" en su desarrollo o sellar "joint ventures" con otras empresas del sector.

Esta vía se abrirá a partir del cuarto año, en 2016. Entonces, "Sareb también tendrá en cuenta, en algunos casos, la demolición de inmuebles parcialmente construidos si esto mejora su posición". Una práctica que ya ha empezado a aplicar este año el banco malo irlandés.

El plan de negocio de Sareb estima, de hecho, que el coste de derribo ascenderá a 12 euros por metro cúbico frente a los 900 euros por metro cúbico que supondrá su desarrollo, más la inflación.

El turno de los solares situados en "zonas secundarias", un mercado prácticamente inexistente hoy por hoy, comenzará entre el tercer y quinto año, en el caso de los que ya cuenten con licencias de urbanismo y más tarde, a partir de sexto año en el caso de que no dispongan de ella. También ahí se valorará la venta de participaciones en promotoras. La inversión directa en el desarrollo de suelos o la firma de acuerdos con empresas que la lleven a cabo también está contemplada.

Artículo visto en Cinco Días

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La justicia de la Unión Europea considera que la normativa de desahucios incumple la ley comunitaria.


La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la regulación procesal español no protege al consumidor contra posibles cláusulas abusivas en el contrato hipotecario.

Las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son incompatibles con las normas europeas de protección de los consumidores, según un dictamen publicado hoy por Juliane Kokott, Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La letrada considera que la regulación procesal española no protege al consumidor contra posibles cláusulas abusivas en el contrato hipotecario, al permitir la pérdida de la propiedad y el desalojo antes de que éste pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios.

Este dictamen responde a una consulta efectuada por un juzgado mercantil de Barcelona, ante el que un ciudadano presentó en enero de 2011 una demanda contra CatalunyaCaixa tras ser expulsado de su vivienda.

El afectado pedía la declaración de nulidad de una de las cláusulas del préstamo hipotecario y, como consecuencia, que se considerase también nulo el procedimiento de ejecución hipotecaria.

Según Kokott, esa regulación española es "incompatible" con la directiva europea 93/13 sobre cláusulas contractuales abusivas, que establece que las cláusulas de ese tipo que figuren en un contrato entre un profesional y un consumidor no vinculan a este último.

La Abogada General también recuerda en sus conclusiones que la ejecución forzosa de hipotecas no está regulada a escala europea y es, por tanto, competencia de los Estados miembros.

La legislación nacional, en todo caso, no puede "conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva 93/13", subraya la letrada.
En el caso español, Kokott estima que la regulación procesal "menoscaba" la protección que persigue la norma comunitaria.

"No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato en que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo", dictamina.

Además, la Abogada General recalca que el consumidor sólo puede ejercitar una acción de daños y perjuicios con posterioridad, por lo que se incumple la directiva 93/13, que exige que disponga de un "recurso legal eficaz" para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas del préstamo y, en ese caso, detener la ejecución forzosa.

Las conclusiones de la Abogada General no vinculan al Tribunal, pero habitualmente adelantan el sentido de la posterior sentencia.

EFE

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El Euribor se sitúa por primera vez debajo del 0,6 %.


El Euribor, principal índice hipotecario de referencia en España, ha caído en tasa diaria cinco milésimas, hasta el 0,597%, la marca más baja de sus algo más de 10 años de historia. Este nuevo descenso llega un día antes de que el Banco Central Europeo (BCE) celebre su reunión mensual sobre tipos de interés, de la que no se esperan novedades.

Tras cerrar el mes de octubre en un mínimo histórico del 0,65%, el indicador suma ya 27 sesiones consecutivas -desde el 1 de octubre- a la baja y tras cinco jornadas cotizadas en noviembre sitúa su media mensual provisional en el 0,606%.

En noviembre de 2011 el Euribor cerró en el 2,044%, más de tres veces por encima de su nivel actual. Por ello, de mantenerse en esta cota, una hipoteca media de 120.000 euros que se revise en diciembre obtendría un descuento de más de 1.000 euros anuales.

El Euribor, el indicador más utilizado para el cálculo de hipotecas, lleva ya dos meses -septiembre y octubre- por debajo del precio oficial del dinero en la zona del euro, que el BCE situó en julio de este año 2012 en el 0,75%, algo que previsiblemente se repetirá en noviembre.

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El Consejo General del Poder Judicial busca frenar los desahucios.


Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), apuesta por reformar la ley hipotecaria porque "la actual está creando una serie de disfunciones" que provoca un aumento de los desahucios. Lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios tras presidir en Barcelona la inauguración de las XXII Jornadas de Jueces Decanos de España en las que a los largo de tres días los jueces reflexionarán sobre los problemas que más les preocupan, entre ellos las ejecuciones hipotecarias, para después proponer las pertinentes reformas.
En este sentido, ha asegurado que las conclusiones a las que lleguen los jueces durante estos tres días en Barcelona sobre los desahucios y su "problemática social" se presentarán después al Ministerio de Justicia, Congreso y Senado. Fernando de Rosa ha asegurado que inspecciones del CGPJ han constatado este aumento de desahucios que sentencian los juzgados civiles de primera instancia que no tienen más remedio que basarse en la legislación actual.
El vicepresidente del CGPJ ha participado en la inauguración de las jornadas junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, la consejera de Justicia de la Generalitat, Pilar Fernández Bozal, y la jueza decana de Barcelona, Maria Josep Feliu.
En las jornadas participan 46 jueces decanos de todo el territorio español que durante tres días harán diversas sesiones de trabajo en las que hablarán de los temas que más les afectan como responsables de los partidos judiciales como la nueva oficina judicial, los tribunales de instancia, las sustituciones o la convocatoria de oposiciones. Entre ellos también el informe del grupo de trabajo designado por el CGPJ y coordinado por Manuel Almenarque que critica duramente el sistema de desahucios y propone diversas alternativas para modificar el procedimiento de ejecución hipotecaria.
Por otra parte, durante la inauguración, el presidente del TSJC ha defendido estas jornadas de reflexiones de los jueces como una forma más de "canalización del clamor social", y ha lamentado que a veces se pone en duda su legitimidad. Fernández Bozal ha pedido a los jueces "sensibilidad" para entender que la crisis la dotación de medios a la administración de justicia, y ha apostado por una mayor colaboración entre las administraciones públicas y el poder judicial.
Por su parte, la jueza decana de Barcelona ha acusado al Gobierno de "debilitar" al CGPJ con algunas de sus iniciativas que, en su opinión, no mejoran la administración de justicia como servicio público.
Noticia de Europa Press
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