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Los jueces españoles dispuestos a frenar la escalada de desahucios.


"Podrán compartirse o no las medidas propuestas. Pero lo que no puede negarse es que es preciso que se inicie un debate jurídico serio, el debate social ya existe, y se plantee una revisión del régimen legal y procesal de ejecución de los préstamos hipotecarios, ya que el número de lanzamientos o desahucios derivados de la ejecución de hipotecas puede considerarse como un auténtico drama social". Con esta contundencia se pronuncian los siete autores de un informe encargado en marzo por el Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces, que ayer recibió el texto en el plenario.

Tras la filtración a El País del texto, ayer el CGPJ explicó que no asumía su contenido y que tan siquiera se había sometido a debate.

Después de esbozar el problema de la desahucios en España -recordando que desde el comienzo de la crisis se han registrado 350.000 ejecuciones hipotecarias-, los autores del informe, jueces de distintas comunidades, dirigidos por Manuel Almenar, vocal del CGPJ, plantean una lista de 18 medidas "excepcionales ante una situación excepcional".

El texto es una propuesta al CGPJ, que tras su examen podrá plantear sus propias conclusiones, que no serán vinculantes para el legislador. Pero los autores confían en que las recomendaciones descritas puedan llevarse a la práctica bien a través de cambios legislativos, bien a través de una ampliación del Código de Buenas Prácticas -aprobado por el Gobierno en marzo-, ya que según los jueces, "en los casi seis meses desde su entrada en vigor, la aplicación de esta norma ha sido meramente testimonial". El código restringe sus beneficios a deudores en el umbral de la exclusión y sobre un precio limitado de las viviendas. El informe propone flexibilizar los "estrictos" requisitos para elevar el nivel de exclusión. Estas son las principales medidas:

El deudor de buena fe. Determinar el concepto de "deudor hipotecario de buena fe" a efectos de establecer las bases de aplicación de las medidas. Es decir, definir qué deudores y en qué supuestos pueden beneficiarse de los cambios normativos.

Proteger la vivienda habitual y el negocio. Establecer un régimen especial en el caso de la ejecución de préstamos cuando se refieran a vivienda habitual o a los locales de negocio.

Moratorias. Atribuir facultades al juez para que pueda acordar moratorias dejando transitoriamente en suspenso el pago de las cuotas en circunstancias excepcionales, como desgracias familiares o accidentes de trabajo.

Dación en pago. Regulación imperativa de la dación (extinción del crédito con la entrega de la vivienda) en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando el precio alcanzado en la subasta del inmueble sea similar al importe de la hipoteca.

Procedimiento concursal. Regular un procedimiento concursal específico para las personas físicas que permitiera la paralización de ciertas ejecuciones.

Alquiler. Ampliación de los supuestos en los que el deudor puede seguir usando la vivienda mediante arrendamiento.

Noticia vista en La Voz de Galicia

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