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El PSOE presenta una propuesta para renegociar las hipotecas para evitar los desahucios.


Alfredo Pérez Rublacaba anunciará hoy en Fuenlabrada la propuesta que el PSOE llevará al Congreso de los Diputados para frenar los desahucios. El grupo socialista presentará en la Cámara Baja una propuesta de Ley con la intención de "dar respuesta a una importante demanda social respecto al desequilibrio de fuerzas en el sistema hipotecario español, donde el deudor es la parte más débil". La propuesta, bautizada como "ley de segunda oportunidad", pretende garantizar el derecho constitucional a la vivienda.

Según sus datos, desde 2007 se han registrado en España 400.000 desahucios "y la economía parece que no va a respirar y que este tema va a seguir creciendo", ha advertido, lo que abunda en la "fractura social" de la que vienen alertando los socialistas.

Aunque la iniciativa llega a calificar la dación en pago como "discutible única solución" las medidas que contempla pretenden ampliar los beneficiarios de las ya contempladas en el Real Decreto Ley 6/2012 sobre medidas de reestructuración de la deuda hipotecaria, la quita en el capital pendiente de amortización o la dación en pago como último recurso.

Actualmente, dicha norma limita estos beneficios a familias en las que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas. La propuesta del PSOE contempla que puedan percibirlos las familias con rentas que no superen en dos veces y media el IPREM. También son beneficiarios las familias cuya cuota hipotecaria resulte superior al 60% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. La propuesta del grupo socialista en el Congreso rebaja ese listón al 50%.

Establece además un límite de cinco puntos a la variabilidad del tipo de interés en caso de tratarse de una hipoteca para la vivienda habitual, así como. Otra medida contemplada en la propuesta del partido que dirige Pérez Rubalcaba es que el Código de Buenas Prácticas será de obligado cumplimiento para la entidades financieras que reciban apoyo público.

La medida pretende por un lado poner fin a los desahucios, que han afectado a más de 400.000 familias desde 2005, que significan el 10% de las hipotecadas contratadas entre 2007 y 2011. La otra cara de la propuesta pretende prevenir el sobreendeudamiento de las familias y evitar nuevas burbujas.

En esa dirección, una de las propuestas irá encaminada a frenar las distorsiones entre la tasación a la hora de formalizar el préstamo y otro en el momento de la ejecución hipotecaria. Se exigiría además una mayor independencia entre las sociedades de tasación y la sociedad financiera acreedora.

El proyecto afectaría no solo a las hipotecas futuras, sino a las ya formalizadas, siempre que no estén en cauce de ejecución, y no tendría caracter retroactivo.

EFE

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