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Quedan excluídas del decreto sobre los desahucios las hipotecas con avales.


El BOE publicó el sábado el texto legal con las condiciones bajo las que ciertos hipotecados puedan tener una protección especial para evitar el desahucio, siempre y cuando los bancos acreedores se acojan a un código de conducta voluntario. Tal y como había adelantado el Gobierno, la normativa afecta a las familias con todos sus miembros en paro si pagan por la hipoteca más del 60% de sus ingresos y si no tienen una segunda vivienda. Pero el texto definitivo es aún más restrictivo.


El BOE concreta que la protección frente a desahucios solo se puede aplicar en créditos o préstamos que carezcan de garantías reales o personales o, en caso de existir estas, si los garantes cumplen los requisitos de estar todos los miembros de la unidad familiar en paro, superar el citado umbral del 60% y no tener otros bienes o derechos reales.


En otras palabras, si a un hipotecado le ha avalado su padre, hermano o amigo de la infancia, no se podrá beneficiar de las medidas frente al desahucio a no ser que el padre, hermano o amigo de la infancia tenga a todos los miembros de la familia en paro, no tenga bienes suficientes para hacer frente a la deuda y sus ingresos, conjuntamente con los del propio hipotecado, no superen el 60% de la letra de la hipoteca.


Este apartado es particularmente sensible, toda vez que las personas en la situación descrita de posible exclusión (con pocos miembros de la familia trabajando y escasos ingresos en relación a la letra de la hipoteca) son, también, las más susceptibles de haber firmado una hipoteca con avalistas.


Tanto las entidades tradicionales como las reunificadoras suelen exigir avalistas nuevos cuando se trata de refinanciar préstamos en situación de riesgo de impago. Los avales cruzados han provocado, de hecho, demandas judiciales por parte de colectivos de inmigrantes que denuncian una estafa masiva. Asimismo, dado que el código de buenas prácticas es voluntario, aunque la banca tradicional lo asuma, las citadas reunificadoras pueden optar por no acogerse. Esto limitaría la capacidad de los hipotecados en situación de riesgo de beneficiarse de la nueva norma, dado que las reunificadoras, con cláusulas en ocasiones abusivas, han sido una de las fórmulas utilizadas por los hipotecados más apurados para evitar la ejecución.
Subastas online


El real decreto de desahucios establece dos excepciones, la nueva regulación de las subastas extrajudiciales y la extensión de las ayudas a inquilinos embargados. Estos dos paquetes de medidas se aplicarán a todas las ejecuciones hipotecarias que afecten a la vivienda habitual del deudor, independientemente de si los acreedores (los bancos) firman el llamado código de buenas prácticas o si el deudor entra en la categoría de umbral de exclusión. El Gobierno pretende simplificar y potenciar los procedimientos extrajudiciales de embargo, muy poco utilizados. Alrededor del 90% de las ejecuciones se tramitan por vía judicial. Desde 2007, las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados superan las 300.000, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).


Facilitar la información y la participación online en las subastas es uno de los objetivos del Ejecutivo. Intervenga o no un tribunal, el Gobierno está convencido de que estas reformas aumentarán la afluencia de los postores, lo que a su vez facilitará la colocación de los inmuebles, evitando así que la entidad que embarga termine quedándose el inmueble, como sucede en la mayoría de los casos. De momento, los detalles sobre la simplificación del procedimiento y la posibilidad de una subasta electrónica se retrasan seis meses. Este es el plazo que el real decreto marca para el desarrollo reglamentario de estas medidas.


Noticia de Cinco Días


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