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Un Real Decreto para blindar la rebaja del arancel de notarios y registros.

El Real Decreto que se prevé presentar hoy en el Consejo de Ministros impedirá burlar el recorte en el cobro de honorarios para las cancelaciones de hipotecas en el ámbito de la fe pública.


Con la crisis económica y con las operaciones en registros y notarías bajo mínimos, el Ministerio de Justicia tiene previsto dar un paso en la ordenación de los aranceles de ambos colectivos.


Seguramente, lo hará a través del Real Decreto de modificación de los Decretos 1426/1989 y 1427/1989 por los que se regulan los aranceles de notarios y registradores. Es posible que se presente hoy en el Consejo de Ministros, una reforma con la que se aclarará que las cancelaciones hipotecarias tienen que considerarse documentos sin cuantía, es decir, que los notarios sólo pueden cobrar por estas operaciones 30,05 euros y los registradores como máximo 24 euros.


La norma, que se aprueba ‘in extremis’ con los últimos coletazos de la legislatura, fue remitida el pasado 10 de octubre al Consejo General del Notariado y al Colegio de Registradores para que emitieran su dictamen.


La nueva regulación agrupa en un único texto las últimas modificaciones que había sufrido el arancel registral y notarial y que estaban dispersas en diversos textos legales. En ella se abordan aspectos como las cancelaciones de hipotecas, las sociedades telemáticas y la reducción del 5% del arancel en los documentos de cuantía, como, por ejemplo, las escrituras por adquisición de vivienda, que se produjo cuando se rebajó el sueldo de los funcionarios, el Real Decreto que entró en vigor en mayo de 2010.


Recientemente, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció en un desayuno organizado por la asociación de periodistas y comunicadores jurídicos Acijur y LA LEY, que tenía prevista una inminente reforma para que “sea inequívoca la redacción” de lo dispuesto en la Ley 41/2007, del Mercado Hipotecario en el sentido de que las cancelaciones de hipotecas deben cobrarse como documentos sin cuantía.


Se refería así a la denuncia que hizo pública la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que está siendo investigada por la Fiscalía y que destapó que los registradores y notarios estaban cobrando de más al cancelar una hipoteca. Según la organización de consumidores, el 92% de las minutas de estos profesionales ignoraban las tarifas aplicables y señalaban que podían haberse cobrado 93 millones de euros de más cada año por este concepto.


El ministro lamentó que algunos fedatarios y registradores hagan oídos sordos a las resoluciones dictadas por la Dirección de los Registros, en las que ya se había aclarado que la bonificación debía aplicarse a todas las cancelaciones de hipotecas y no sólo a las que se producían con motivo de refinanciaciones hipotecarias.


Desde el Consejo General del Notariado dan la bienvenida a la futura norma ya que, según aseguran, evidencia que la Ley 41/2007 “era jurídicamente confusa”. El Consejo manifiesta que la denuncia de la OCU “ha hecho mucho daño” y estima que “esta reforma que el Gobierno de Rodríguez Zapatero quiere aprobar antes de abandonar el poder, deja constancia de que la ley no era clara, pues así se indica en la propia Exposición de Motivos”.


Los registradores han sido muy beligerantes en esto. No en vano, fuentes registrales han indicado a este periódico que si todas las cancelaciones hipotecarias tienen que llevar la bonificación del 90% –lo que confirma el decreto– esto puede resultar demoledor para muchos registros, especialmente los de capitales de provincias, cuyos ingresos se verán mermados considerablemente.


Noticia de Expansión

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